INFORMALIDAD, ILEGALIDAD Y COOPERATIVAS MINERAS
Ovidio Roca
Desde la época colonial, Bolivia país asentado en las
montañas andinas, al centro del continente y lejos del desarrollo costero y el comercio
marítimo, fundó su economía en la explotación de las minas (especialmente de
minerales preciosos como la plata) y la mano de obra indígena. En consecuencia no
se incentivó una estructura productiva diversificada y menos una cultura
industrial tecnológica capaz de generar empleo para su población.
Es tanto así, que los campesinos que siguen migrando
a las ciudades, al no encontrar empleo lo inventan y crean una diversidad de oficios
de baja tecnología: en el transporte, el comercio, la artesanía, la
construcción, los servicios. Se apoderan
de las calles y plazas e instalan sus quioscos y sus pequeños talleres; los
menos pobres establecen microempresas unipersonales o familiares de
subsistencia, de tecnologías simples y escasa inversión, bajísima rentabilidad
y bajos salarios, precarias condiciones de trabajo y desprotección en el campo
de la seguridad social.
Estos sectores informales producen bienes y
servicios necesarios y autorizados, pero carecen de licencias y registros para
ejercer sus actividades económicas, no dan facturas, ni pagan impuestos. De manera
que en su actividad diaria se encuentran en conflicto entre las formalidades y normas
de la economía y sus propias actividades informales, lo que los impulsa a
agremiarse como forma de autoprotección; y luego haciendo uso de su capacidad
de organización y movilización, se vincula a los movimientos populistas en
busca de protección y poder político.
En los últimos años con el auge de los precios de
los minerales y la permisividad gubernamental para el cultivo de la coca, se ha
impulsado una cultura de la ganancia fácil e inmediata, la que se logra, sin necesidad
de mayores aportes de capital y tecnología en el sector de la coca, de los
minerales y el lavado de dólares. De esta manera muchos grupos informales, en
busca de mayores ganancias, han derivado hacia una economía ilegal y
delincuencial; de contrabando masivo, narcotráfico, cultivos prohibidos, tráfico de vehículos robados, de armas y el
blanqueo de capitales.
Una de estas actividades de alto impacto negativo, inducida
por el auge de precios y la permisividad, es la que realizan cientos de pequeñas
y medianas empresas mineras bajo el rotulo de “cooperativas”, llamadas así para
darles un tinte social. Estas “cooperativas” prevalidas de alguna protección política,
están apropiándose de tierras
agropecuarias, reservas mineras estatales y concesiones de propietarios
privados. Estas organizaciones no pagan impuestos e incumplen toda clase de regulación,
habida y por haber.
La minería cooperativista, se la realiza en
condiciones precarias y con poco capital y escasa o ninguna tecnología y sobre
todo sin el mínimo cuidado por el medio ambiente; en consecuencia se destruyen
y contaminan acuíferos, se envenenan las aguas y los ríos con mercurio,
arsénico y otros productos altamente contaminantes y se lo hace así, como ellos
lo dicen, “porque son pobres” y asumen que la ecología es una moda de los
ricos, olvidándose que la ecología somos todos los demás y que tenemos derecho
a que respeten el ambiente en el que todos vivimos.
Últimamente y con la nueva ley minera, se extiende
el área de concesiones hacia Santa Cruz y el precámbrico, área que cuenta con
minerales no tradicionales, como oro, tantalio, piedras semipreciosas, uranio,
y otros como hierro, calcáreos. Esta actividad extractiva y sin mayor control,
afecta especialmente a la ganadería de la Chiquitania donde se encuentra el sesenta
y cinco por ciento de la ganadería departamental. Los propietarios sufren por
la invasión de los cooperativistas mineros en sus propiedades, por el
aprovechamiento desmedido de las aguas de los arroyos y el envenenamiento con
mercurio tanto de las aguas, como de las pasturas y el ganado.
Estos “cooperativistas” se están asociando con
empresas ilegales brasileñas que les alquilan sus maquinarias haciendo grandes
ganancias sin comprometerse directamente con la depredación minera de los
cooperativistas, quienes tienen la protección de sectores del gobierno. Esta práctica
extractivista de personas y grupos con poder e influencia política, generan además
de riqueza fácil, una cultura, “usos y costumbres” que impiden cualquier cambio
tecnológico y cuidados ambientales que encarezcan sus operaciones.
Este tipo de economía informal e ilegal que tenemos
en el país no genera desarrollo sostenible ni contribuye a construir un país
próspero y menos aún en este nuestro único planeta, cada vez más globalizado e
interconectado y en el cual las inversiones y por ende el progreso se radica
donde existe libertad e institucionalidad y donde se concentra la innovación,
la inteligencia y las habilidades personales.
Sin embargo, dadas nuestras condiciones de atraso
tecnológico y empresarial, necesitamos en una primera etapa apoyar y modernizar
a esa gran masa poblacional que actualmente trabaja en la informalidad, facilitando
y abaratando el costo de su formalización y capacitando a las personas para hacer
lo que saben, pero con más eficiencia y dentro de un modelo de respeto de
normas ambientales y al prójimo. A su vez un trabajo necesario y urgente es ir
controlando y eliminando las actividades ilegales de procesamiento de coca,
minería informal, contrabando y lavado de dinero.
ovidioroca.wordpress.com
