EL
POSIBLE IMPACTO DE LA LEY DE LA MADRE
TIERRA EN LA AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA Y SUS EFECTOS SOBRE LA
AGRICULTURA COMERCIAL Y EMPRESARIAL
Ovidio Roca
(Publicado
por Fundación Milenio en Coloquios Económicos N° 26 de Junio de 2013)
La percepción generalizada del sector
agrícola empresarial con respecto a la Ley Marco de la Madre Tierra y
Desarrollo Integral para Vivir Bien, es la
de una declaración lirica ecologista y con evocaciones y reminiscencia de
culturas andinas ancestrales. Una ley orientada y adecuada para una agricultura
de pequeñas comunidades agrícolas, cuya producción está destinada a mercados
comunales.
No es una ley destinada a promover una
agricultura comercial que satisfaga la demanda alimenticia de nuestra población,
que sobrepasa los diez millones de habitantes, necesidades que para ser satisfechas
necesitan de cultivos extensivos, técnicas modernas, uso de maquinarias y
nuevos tipos de semillas, en un necesario marco de sostenibilidad y respeto por
el medio ambiente.
En general los agricultores no tienen
mayores observaciones a la ley de la Madre Tierra, salvo que “no se adecua a la
promoción del desarrollo agropecuario”. Además, según previsiones de la misma, al
no estar reglamentada no ha entrado en vigencia; pero el hecho de que esté en
proceso de implementación y conocidas sus restricciones, inmediatamente causa
inseguridad y limitación de las inversiones en infraestructura y tecnología y restringe
el crecimiento de la frontera agrícola.
Es importante puntualizar, que la inseguridad
jurídica y malestar en el campo productivo agrícola, no se genera solo por esta u otra ley o norma específica,
sino que es producto del marco de políticas, la orientación ideológica estatista,
confiscatoria y anti inversión privada del gobierno, su complicada relación con
la actividad emprendedora y la manifiesta falta de respeto a la propiedad de la
tierra.
NORMAS
QUE AFECTAN AL SECTOR AGRICOLA
El ambiente que afecta las decisiones empresariales,
para realizar inversiones y ampliaciones en el sector agrícola y por ende aumentar
la oferta de productos alimenticios para la población, esta relacionada principalmente
con las siguientes normas y acciones consideradas inadecuadas e inconvenientes:
Prohibición
de los transgénicos y limitaciones al
uso de tecnologías; plazos cortos y criterio discrecional para determinar la Función
Económica Social (FES); control de exportaciones y franja de precios; falta de
titulación y limitación a la extensión de la propiedad rural, como máximo hasta
5.000 ha.
1.
Transgénicos
y limitaciones al uso de tecnologías
El discurso actual de los socialistas
latinoamericanos, mientras están en la oposición, son un cumulo de planteamientos,
populistas, ambientalistas e indigenistas, los que se olvidan cuando están en el gobierno. Pasan entonces de la
predica demagógica a la praxis estalinista, para consolidarse y perpetuarse en el
poder, liquidando cualquier posibilidad de disidencia y por supuesto olvidándose
de los pueblos indígenas y del ecologismo.
Como
parte de este discurso ecologista, tenemos la oposición ideológica a las
semillas transgénicas, olvidando que la producción agrícola usando estas semillas,
debidamente probadas y certificadas, permite resguardar y aumentar la producción para abastecer de alimentos a una población especialmente
urbana cada vez más grande, varios millones de personas, la que con
cultivos de huertas y pequeñas parcelas
no es posible satisfacer.
En enero del 2013, el Presidente Correa
del Ecuador, militante del Socialismo Chavista y en campaña para su reelección,
ha propuesto modificar su Constitución Socialista para autorizar el uso de
transgénicos, y “cuadruplicar así la producción y aliviar la pobreza”,
expresando que su error al prohibir constitucionalmente los transgénicos, fue
producto de un “ecologismo infantil”.
Bolivia,
siguiendo el libreto chavista y aplicando el “ecologismo infantil”, introdujo en la ley de la Madre Tierra, artículo 24 y
numerales 7, 8 y 9, la prohibición de los transgénicos:
- Prohibir
la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de
semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de
Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que
atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los
sistemas de vida y la salud humana.
- Desarrollar
acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos
genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinada en norma
específica.
- Desarrollar
capacidades institucionales, técnicas, tecnológicas y legales para la
detección, análisis de riesgos y control de organismos genéticamente
modificados y sus derivados en condiciones de tránsito, así como para el
monitoreo de aquellos presentes en el país con fines de su gradual eliminación.
Con estas prohibiciones se afecta la
capacidad productiva nacional y se pierde competitividad ante los países
vecinos, especialmente del Mercosur, que utilizan masivamente semillas
transgénicas y lo extraño es que no se prohíbe importar productos elaborados con
los granos de estas semillas transgénicas, consideradas peligrosas.
El tabú de los transgénicos, afecta la
producción nacional no solo de soya, sino de trigo y maíz que alternan sus
cultivos con las oleaginosas, y el normal abastecimiento de los avicultores,
lecheros, piscicultores, porcinocultores,
que usan la torta de soya y girasol para elaborar los alimentos balanceados para
sus animales.
El caso del maíz es relevante pues este
cereal es la base de la industria avícola boliviana, principal fuente
alimenticia urbana, y si no usamos
semillas transgénicas, produciremos muy poco, escasamente para la “aqha”
tradicional.
En innumerables oportunidades, los
agricultores comerciales han señalado al Gobierno, que la Ley de la Madre
Tierra limita la ampliación de la frontera agrícola y atenta contra la
producción de soya transgénica y otros cultivos de rotación como el maíz y el
algodón, los que contribuyen a la seguridad alimentaria con soberanía y al
desarrollo de una agricultura sostenible y con alta tecnología en el país.
2.
La
función económica y social (FES)
La Función Económica Social, que es el
requisito para mantener la propiedad de las tierras según la Ley Agraria 1715 Y
3545, requiere ser verificada cada dos años y su incumplimiento es causal de
reversión de la propiedad. Con la Ley de la Madre Tierra y un conjunto de
disposiciones adicionales, se amplían los requisitos exigidos para el
cumplimiento de esta función, adicionando cada vez nuevas exigencias,
ambientales, laborales y otras, dando además atribuciones expeditivas y
discrecionales a terceros, para afectar la seguridad de la propiedad.
Con estos problemas y limitantes burocráticas
y la discrecionalidad en la verificación cada dos años de la función económica
y social; se genera una alta incertidumbre e inseguridad jurídica para la
propiedad la tierra, además de lo fáctico, por los constantes avasallamientos, que
no son frenados ni desalentados por el gobierno.
Pese a la orientación ecologista de la
Ley de la Madre Tierra, los funcionarios públicos cuando verifican la FES,
aplican sus propias experiencias, visión y criterios agraristas; los que prevalecen
sobre el texto de la ley. Hemos podido ver en el campo, cuando van las brigadas
a realizar el saneamiento y verificar la FES, el humo que les precede y el
monte tumbado y ardiendo. Esta absurda actitud de los propietarios de tierras
de mostrar trabajo tumbando los montes, aun aquellos que debían ser de
preservación y servidumbre ecológica, muestra su desesperación para satisfacer
a los funcionarios públicos.
Cabe mencionar que la Ley 3545, en su
artículo 13, establece competencias que generan mayor inseguridad, al
posibilitar la discrecionalidad de algunas entidades y organizaciones para
confiscar las tierras que deseen:
- Art.
13, numeral 7: Revertir tierras de oficio o a denuncia de la Superintendencia
Agraria, Superintendencia Forestal, Servicio Nacional de Áreas Protegidas,
Comisión Agraria Nacional, Comisiones Agrarias Departamentales y Organizaciones
Sociales Agrarias miembros de la Comisión Agraria Nacional o de las Comisiones
Agrarias Departamentales, por la causal de incumplimiento total o parcial de la
Función Económico Social.”
Todo esto frena las inversiones en los
predios agrícolas y limita la ampliación de la producción.
3. Control de
exportaciones y franja de precios.
Las limitaciones para la exportación de
productos agropecuarios y agroindustriales, establecidas juntamente con la “fijación
de bandas de precios para el mercado interno y la obtención de los permisos de
exportación, previa verificación del abastecimiento del mercado interno a
precio justo”; han generado que el flujo de las exportaciones, sea insuficiente
y por ende, que los galpones y silos de almacenaje estén repletos de azúcar, granos
de soya, maíz, girasol y arroz, producidos en las campañas anteriores y que no
pudieron ser vendidos.
Esta situación tiene consecuencias
económicas desastrosas para los productores, sean pequeños, medianos o grandes,
quienes por la falta de espacio en los silos, no tienen lugar a dónde entregar
su producción, debiendo comercializarla con especuladores locales, que les
pagan un precio inferior al del mercado y perdiendo el resto por carencia de
almacenaje.
Es un hecho conocido, menos por el
Gobierno, que las prohibiciones de exportación reducen los ingresos de los
agricultores, y los desincentivan a sembrar y producir más.
Igualmente sabe cualquier productor o
comerciante, menos el Gobierno, que la busca de mercados y la consolidación de
clientes es extremadamente difícil y que la interrupción caprichosa de las exportaciones
rompe las relaciones comerciales y que luego es extremadamente dificultoso
recuperarlas. El cliente requiere seguridad y oportunidad en la provisión y no está
dispuesto, sobre todo en un mercado competitivo, a depender de un proveedor
inseguro. La base de todo negocio es la confianza.
Llama también la atención, que la
prohibición de exportaciones se la realiza para productos de la agricultura
comercial, tales como aceite, carne de res, pollo, arroz, soya, azúcar, cuyos
precios en su momento, subieron menos que aquellos producidos en el área andina,
los que no fueron prohibidos de exportarse.
El criterio de los funcionarios de
gobierno de que la exportación limita el consumo interno, no comprende que generalmente
la exportación permite subsidiar el consumo local. La producción bananera del
Chapare por ejemplo, permite que la población boliviana tenga bananas de buena
calidad y a bajo precio, gracias a que las ganancias de la exportación
subsidian el mercado interno.
Según un estudio efectuado por el Centro
Boliviano de Economía de la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), los
países que implementaron prohibiciones a las exportaciones como Venezuela,
Bolivia, Ecuador y Argentina tuvieron las inflaciones más altas en el 2008,
alcanzando valores de 27.6%, 11.7%, 9.1% y 7.9% respectivamente.
En cambio, los países sudamericanos que
no implementaron esa medida tan drástica para sus economías tuvieron
inflaciones más reducidas, Brasil alcanzó una inflación de 6.4%, Perú 6.7%,
Paraguay 7.5% y Colombia 7.7%.
Estos resultados son lógicos, puesto que
la prohibición a las exportaciones genera desincentivo a la producción y, por
lo tanto, la oferta de bienes tiende a disminuir, lo cual hace que persista la
escasez y se generen presiones inflacionarias.
Las prohibiciones para la exportación y
en su caso las burocráticas licencias de exportación, nos está haciendo perder competitividad
especialmente con Brasil y Argentina, esto implicaría que el rezago tecnológico
haría que la producción externa ingrese, como siempre, de contrabando y deprima
la producción nacional y finalmente la elimine. Si no exportáramos, soya, torta
y aceite, solo necesitaríamos una pequeña área sembrada para el consumo
nacional y desaprovecharíamos las economías de escala.
Permanentemente las organizaciones
empresariales alertan sobre los efectos negativos que origina esta
implementación de la franja de precios, haciendo recuerdo de las malas
experiencias que se tuvieron anteriormente en rubros como el azúcar, el maíz y
otros cereales.
La libertad de exportación es necesaria
para poder aprovechar las oportunidades de buenos precios en el mercado, llegar
oportunamente a los puertos y barcos y por ende a los clientes. Además el comprador
externo, sabiendo que no hay restricciones a las exportaciones, tiene más seguridad de la oferta boliviana.
4.
Falta
de titulación y limitación a la extensión de la propiedad rural
Para hacer competitiva la agricultura
comercial se requiere de extensiones de tierras que hagan rentable la
mecanización, los sistemas de riego y otras tecnologías; limitar la propiedad a
un máximo 5.000 ha es una restricción especialmente para la producción
comercial de granos.
Hay que considerar que la superficie de
un predio no es utilizable en su totalidad, ya sea por las características
mismas de lo suelos, la topografía, los drenajes, las servidumbres ecológicas y
áreas de protección que se establecen en el Plan de Ordenamiento Predial y que
pueden superar el cincuenta por ciento del área total de la propiedad, además
hay que considerar las necesarias rotaciones anuales.
El INRA tiene como plazo hasta el
presente año 2013 para concluir el saneamiento y la titulación, tarea que se le
hace difícil de lograr, pues gran parte de la propiedad privada agrícola no ha
sido titulada, lo que exige la necesaria ampliación del plazo establecido y un mayor
apoyo presupuestario y sobre todo menos trabas, más celeridad y más eficiencia.
Al no entregarse los títulos de las
propiedades agrícolas, se crea incertidumbre para el propietario y para los pocos
bancos que aun otorgan crédito a los agricultores
5.
Avasallamiento
de tierras
Existe una permanente invasión de la
propiedad agraria, grupos de avasalladores toman las tierras y luego se dedican
a chantajear y amenazar a los propietarios que la adquirieron de manera legal,
paralizando la producción y causando saqueos, destrucción y deterioro de las
instalaciones, mientras se diluciden las controversias.
Muchos productores afectados tienen
miedo de hacer las denuncias correspondientes ante el INRA, que en algunos
casos no hace la inspección o se declara incompetente para controlar los
avasalladores y al final los productores optan, en muchos casos, por pagar el
rescate, la extorsión y el ciclo se repite.
Es un problema preocupante las
contradictorias señales políticas gubernamentales, que con discursos anti
propiedad privada y anti latifundismo,
alientan la toma de las tierras y dan una señal de permisividad al
avasallamiento, mientras en reuniones con las organizaciones agropecuarias
ofrecen garantías y piden ampliar la producción. Todo esto genera incertidumbre
y restringe las inversiones en el sector, lo cual puede generar mayor desabastecimiento
de alimentos para la población boliviana.
El Gobierno ha prometido frenar estas
actividades delictivas y existe el compromiso del Ministro de Gobierno de darle
solución, pero no se ha mencionado ni el momento, ni la forma de operar.
Se señala insistentemente que no hay
preocupación del Gobierno por frenar la toma, el avasallamiento y la de
confiscación de tierras, pues se trataría de una estrategia geopolítica para la
dominación del oriente, usando el traslado de campesinos andinos a esas tierras,
a la manera de los “mitimaes” del imperio incaico.
A nivel legislativo existiría un
proyecto de ley contra el avasallamiento a la propiedad privada y pública en
todas sus formas, es decir, la ocupación ilegal de tierras, minas e inmuebles que
está cundiendo por todo del país, causando serios perjuicios en los afectados y
evidenciando una falta de garantías para los inversionistas nacionales y
extranjeros; vale decir una patente falta de seguridad jurídica en el ámbito
nacional.
COMENTARIOS
ADICIONALES SOBRE LA LEY DE LA MADRE TIERRA Y LA AGRICULTURA COMERCIAL Y
EMPRESARIAL
La ley de la Madre Tierra, está pensada y
elaborada, desde la perspectiva de una economía agrícola en un mundo utópico de
pequeñas poblaciones y comunidades, las que en armonía con la naturaleza
producen para su propio consumo, olvidándose que el problema, la dura realidad;
es que vivimos en un planeta superpoblado y con la imperiosa necesidad de
alimentar, en el caso de nuestro país una población cada vez más creciente de más
de diez millones de personas, la mayoría viviendo en ciudades.
Tiene esta ley, una visión
ambientalista, ecologista y pachamamica, entiendo bien intencionada de parte de
los redactores de la ley, pero que no condice con la práctica cotidiana, ni del
Gobierno nacional, ni de los movimientos sociales que le son adictos.
Líricamente plantea una postura
ecologista y anti privatización de los
recursos de la naturaleza, que los ejecutores del proceso de cambio, los movimientos
campesinos y sindicales (mercantilistas militantes), no practican. Recordemos
solamente la invasión de parques y reservas naturales destruyendo la
biodiversidad para sembrar coca no acullicable, o de minas generando
contaminación de acuíferos y envenenado el entorno biológico.
Pero lamentablemente, en este mundo ideal del vivir bien y en armonía con la
madre tierra, se utiliza frecuentemente la ley para colocar en ella algunos dardos
envenenados, que buscan destruir la economía y la libertad de los que no son
seguidores del Gobierno. Tal es el caso de la prohibición de los transgénicos, los
que deben ser manejados con responsabilidad, pero no prohibidos por
motivaciones políticas.
En la ley de la madre tierra, los aspectos medioambientales y de protección de
la biodiversidad, así como el ordenamiento de suelos y manejo de bosques, es
planteada adecuadamente; pero mientras no haya seguridad jurídica y un dueño
efectivo y responsable para la gestión agrícola y forestal (que debe ser
manejada con proyección de largo plazo para ser sostenible) de nada sirven las
buenas intenciones.
La realidad, lo que vemos todos los días
es, por un lado un cumulo de buenas intenciones ecologistas y por otro, una
militante praxis extractivista de los recursos mineros, madereros y una acción
depredadora sobre los bosques y tierras, especialmente para la siembra de coca
no acullicable.
Se acrecienta la avanzada colonizadora
hacia los llanos orientales con apoyo del Gobierno y desde allí se la ve como un
Proyecto geopolítico, de dominación de las tierras del oriente boliviano. Un plan de neo colonización, una toma y
control de tierras como parte de una estrategia de poder y de dominación
étnica, aymara-quechua. Consecuente con ella, se establecen “mitimaes” en San
Julián, Yapacaní, Choré, Guarayos, Velasco, San Ignacio de Mojos, Pando, etc.
etc.
A su vez grupos informales, itinerantes,
casi anónimos de depredadores avasallan tierras y minas a lo largo del país,
buscando desesperadamente ganarse el sustento, sin consciencia ambiental y ningún
cuidado con el medio ambiente, del que no son ni se sienten responsables ni
parte, causando inseguridad y zozobra.
Conocemos
desde siempre, que toda actividad productiva, todo agricultor o forestal, grande
o pequeño, para tomar sus decisiones y
arriesgar su capital, tiempo y esfuerzo, evalúa las probabilidades de éxito de
su emprendimiento, las que están relacionadas especialmente con el ambiente
institucional prevaleciente, el comportamiento del mercado, la logística
existente, la libertad de comercio y los
mecanismos de comercialización, los riesgos climáticos, y en función de ello
decide realizar o no sus inversiones; su ampliación, su reducción o dedicarse a
otros rubros, diversificando y minimizando el riego.
El incremento de la producción
agropecuaria puede hacerse, ampliando la superficie agrícola, o mejor aún,
mejorando la tecnología de siembra, cosecha y almacenamiento; en parcelas de
tamaños suficiente para permitir el uso de tecnologías de producción extensiva,
aplicando sistemas manejo de suelos, de riego y abono y el uso de semillas
mejoradas, etc.
Para esto se requiere de un marco
jurídico estable y políticas de Estado proactivas, que crean el ambiente institucional adecuado para que la actividad
productiva florezca, fructifique y se expanda, pues pueden existir leyes y
normas adecuadas, pero si el entorno institucional y el mecanismo de
administración de las normas son ineficientes y además discrecionales, no se
dan las condiciones para la inversión; peor aún si el proyecto político y la
visión ideológica prevaleciente en el país es contraria a la inversión y a los
derechos de propiedad.
En general, las instituciones públicas y
especialmente las que tienen que ver con el área agrícola y forestal son
ineficientes, los funcionarios tienen bajos niveles salariales, lo que hace que
los profesionales calificados opten por trabajos en empresas privadas
nacionales y del exterior. Los que optan por la función pública carecen por lo
general de vocación, experiencia y calificación técnica y para completar sus
ingresos y buscando mejorar su nivel de vida, eventualmente acuden al cohecho y
la extorsión.
Cuando no se tiene seguridad en la
propiedad; la inversión se orienta hacia actividades de ganancia inmediata y en
estas circunstancias no existe ningún estímulo para el manejo sostenible y la
conservación de los recursos naturales. Si se tiene el riesgo de que mañana la
inversión, los predios, serán expropiados, avasallados, no se realizaran
mejoras ni inversiones de largo plazo, tampoco se cuidara el entorno y ante el
riesgo inminente, se buscara altas ganancias y la recuperación inmediata de la
inversión.
Ese viejo axioma: lo que es de todos es
de nadie, y también la conocida insostenibilidad de los bienes comunes (llamada
en la literatura económica la tragedia de los comunes), nos debe alentar a darle a la tierra y los
bosques un responsable de su manejo y que sea imputable y demandable por su uso
inadecuado.
El reto actual es pasar de la economía
extractiva hacia la economía de recursos renovables, usando la ciencia y
tecnología para producir más y mejor, evitando dañar y desequilibrar el
ecosistema. Las exigencias ineludibles para el desarrollo del sector son y han
sido: seguridad jurídica, libertad de
mercado, reglas de juego previsible y estable, instituciones eficientes y
creíbles, y por supuesto, un negocio que produzca ganancias.
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