EL POSIBLE IMPACTO DE LA LEY DE LA MADRE TIERRA EN LA AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA Y SUS EFECTOS SOBRE LA AGRICULTURA COMERCIAL Y EMPRESARIAL

EL POSIBLE IMPACTO DE LA LEY  DE LA MADRE TIERRA EN LA AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA Y SUS EFECTOS SOBRE LA AGRICULTURA COMERCIAL Y EMPRESARIAL

Ovidio Roca

(Publicado por Fundación Milenio en Coloquios Económicos N° 26 de Junio de 2013)

La percepción generalizada del sector agrícola empresarial con respecto a la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien,  es la de una declaración lirica ecologista y con evocaciones y reminiscencia de culturas andinas ancestrales. Una ley orientada y adecuada para una agricultura de pequeñas comunidades agrícolas, cuya producción está destinada a mercados comunales.  

No es una ley destinada a promover una agricultura comercial que satisfaga la demanda alimenticia de nuestra población, que sobrepasa los diez millones de habitantes, necesidades que para ser satisfechas necesitan de cultivos extensivos, técnicas modernas, uso de maquinarias y nuevos tipos de semillas, en un necesario marco de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.

En general los agricultores no tienen mayores observaciones a la ley de la Madre Tierra, salvo que “no se adecua a la promoción del desarrollo agropecuario”. Además, según previsiones de la misma, al no estar reglamentada no ha entrado en vigencia; pero el hecho de que esté en proceso de implementación y conocidas sus restricciones, inmediatamente causa inseguridad y limitación de las inversiones en infraestructura y tecnología y restringe el crecimiento de la frontera agrícola.  

Es importante puntualizar, que la inseguridad jurídica y malestar en el campo productivo agrícola,  no se genera solo por esta u otra ley o norma específica, sino que es producto del marco de políticas, la orientación ideológica estatista, confiscatoria y anti inversión privada del gobierno, su complicada relación con la actividad emprendedora y la manifiesta falta de respeto a la propiedad de la tierra.

NORMAS QUE AFECTAN AL SECTOR AGRICOLA

El ambiente que afecta las decisiones empresariales, para realizar inversiones y ampliaciones en el sector agrícola y por ende aumentar la oferta de productos alimenticios para la población, esta relacionada principalmente con las siguientes normas y acciones consideradas inadecuadas e inconvenientes:

 Prohibición de los transgénicos  y limitaciones al uso de tecnologías; plazos cortos y criterio discrecional para determinar la Función Económica Social (FES); control de exportaciones y franja de precios; falta de titulación y limitación a la extensión de la propiedad rural, como máximo hasta 5.000 ha.

1.    Transgénicos y limitaciones al uso de tecnologías

El discurso actual de los socialistas latinoamericanos, mientras están en la oposición, son un cumulo de planteamientos, populistas, ambientalistas e indigenistas, los que se olvidan cuando  están en el gobierno. Pasan entonces de la predica demagógica a la praxis estalinista, para consolidarse y perpetuarse en el poder, liquidando cualquier posibilidad de disidencia y por supuesto olvidándose de los pueblos indígenas y del ecologismo.

 Como parte de este discurso ecologista, tenemos la oposición ideológica a las semillas transgénicas, olvidando que la producción agrícola usando estas semillas, debidamente probadas y certificadas, permite resguardar  y aumentar la producción para abastecer  de alimentos a una población especialmente urbana cada vez más grande, varios millones de personas, la que con cultivos  de huertas y pequeñas parcelas no es posible satisfacer.

En enero del 2013, el Presidente Correa del Ecuador, militante del Socialismo Chavista y en campaña para su reelección, ha propuesto modificar su Constitución Socialista para autorizar el uso de transgénicos, y “cuadruplicar así la producción y aliviar la pobreza”, expresando que su error al prohibir constitucionalmente los transgénicos, fue producto de un “ecologismo infantil”.

 Bolivia, siguiendo el libreto chavista y aplicando el “ecologismo infantil”, introdujo  en la ley de la Madre Tierra, artículo 24 y numerales 7, 8 y 9, la prohibición de los transgénicos:

-      Prohibir la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana.

-      Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinada en norma específica.

-      Desarrollar capacidades institucionales, técnicas, tecnológicas y legales para la detección, análisis de riesgos y control de organismos genéticamente modificados y sus derivados en condiciones de tránsito, así como para el monitoreo de aquellos presentes en el país con fines de su gradual eliminación.

Con estas prohibiciones se afecta la capacidad productiva nacional y se pierde competitividad ante los países vecinos, especialmente del Mercosur, que utilizan masivamente semillas transgénicas y lo extraño es que no se prohíbe importar productos elaborados con los granos de estas semillas transgénicas, consideradas peligrosas.

El tabú de los transgénicos, afecta la producción nacional no solo de soya, sino de trigo y maíz que alternan sus cultivos con las oleaginosas, y el normal abastecimiento de los avicultores, lecheros,  piscicultores, porcinocultores, que usan la torta de soya y girasol para elaborar los alimentos balanceados para sus animales.

El caso del maíz es relevante pues este cereal es la base de la industria avícola boliviana, principal fuente alimenticia urbana,  y si no usamos semillas transgénicas, produciremos muy poco, escasamente para la “aqha” tradicional.

En innumerables oportunidades, los agricultores comerciales han señalado al Gobierno, que la Ley de la Madre Tierra limita la ampliación de la frontera agrícola y atenta contra la producción de soya transgénica y otros cultivos de rotación como el maíz y el algodón, los que contribuyen a la seguridad alimentaria con soberanía y al desarrollo de una agricultura sostenible y con alta tecnología en el país.

2.    La función económica y social (FES)

La Función Económica Social, que es el requisito para mantener la propiedad de las tierras según la Ley Agraria 1715 Y 3545, requiere ser verificada cada dos años y su incumplimiento es causal de reversión de la propiedad. Con la Ley de la Madre Tierra y un conjunto de disposiciones adicionales, se amplían los requisitos exigidos para el cumplimiento de esta función, adicionando cada vez nuevas exigencias, ambientales, laborales y otras, dando además atribuciones expeditivas y discrecionales a terceros, para afectar la seguridad de la propiedad.

Con estos problemas y limitantes burocráticas y la discrecionalidad en la verificación cada dos años de la función económica y social; se genera una alta incertidumbre e inseguridad jurídica para la propiedad la tierra, además de lo fáctico, por los constantes avasallamientos, que no son frenados ni desalentados por el gobierno.

Pese a la orientación ecologista de la Ley de la Madre Tierra, los funcionarios públicos cuando verifican la FES, aplican sus propias experiencias, visión  y criterios agraristas; los que prevalecen sobre el texto de la ley. Hemos podido ver en el campo, cuando van las brigadas a realizar el saneamiento y verificar la FES, el humo que les precede y el monte tumbado y ardiendo. Esta absurda actitud de los propietarios de tierras de mostrar trabajo tumbando los montes, aun aquellos que debían ser de preservación y servidumbre ecológica, muestra su desesperación para satisfacer a los funcionarios públicos.

Cabe mencionar que la Ley 3545, en su artículo 13, establece competencias que generan mayor inseguridad, al posibilitar la discrecionalidad de algunas entidades y organizaciones para confiscar las tierras que deseen:

-      Art. 13, numeral 7: Revertir tierras de oficio o a denuncia de la Superintendencia Agraria, Superintendencia Forestal, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Comisión Agraria Nacional, Comisiones Agrarias Departamentales y Organizaciones Sociales Agrarias miembros de la Comisión Agraria Nacional o de las Comisiones Agrarias Departamentales, por la causal de incumplimiento total o parcial de la Función Económico Social.”

Todo esto frena las inversiones en los predios agrícolas y limita la ampliación de la producción.

3.    Control de exportaciones y franja de precios.

Las limitaciones para la exportación de productos agropecuarios y agroindustriales, establecidas juntamente con la “fijación de bandas de precios para el mercado interno y la obtención de los permisos de exportación, previa verificación del abastecimiento del mercado interno a precio justo”; han generado que el flujo de las exportaciones, sea insuficiente y por ende, que los galpones y silos de almacenaje estén repletos de azúcar, granos de soya, maíz, girasol y arroz, producidos en las campañas anteriores y que no pudieron ser vendidos.

Esta situación tiene consecuencias económicas desastrosas para los productores, sean pequeños, medianos o grandes, quienes por la falta de espacio en los silos, no tienen lugar a dónde entregar su producción, debiendo comercializarla con especuladores locales, que les pagan un precio inferior al del mercado y perdiendo el resto por carencia de almacenaje.

Es un hecho conocido, menos por el Gobierno, que las prohibiciones de exportación reducen los ingresos de los agricultores, y los desincentivan a sembrar y producir más.

Igualmente sabe cualquier productor o comerciante, menos el Gobierno, que la busca de mercados y la consolidación de clientes es extremadamente difícil y que la interrupción caprichosa de las exportaciones rompe las relaciones comerciales y que luego es extremadamente dificultoso recuperarlas. El cliente requiere seguridad y oportunidad en la provisión y no está dispuesto, sobre todo en un mercado competitivo, a depender de un proveedor inseguro. La base de todo negocio es la confianza.

Llama también la atención, que la prohibición de exportaciones se la realiza para productos de la agricultura comercial, tales como aceite, carne de res, pollo, arroz, soya, azúcar, cuyos precios en su momento, subieron menos que aquellos producidos en el área andina, los que no fueron prohibidos de exportarse.

El criterio de los funcionarios de gobierno de que la exportación limita el consumo interno, no comprende que generalmente la exportación permite subsidiar el consumo local. La producción bananera del Chapare por ejemplo, permite que la población boliviana tenga bananas de buena calidad y a bajo precio, gracias a que las ganancias de la exportación subsidian el mercado interno.

Según un estudio efectuado por el Centro Boliviano de Economía de la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO),  los países que implementaron prohibiciones a las exportaciones como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina tuvieron las inflaciones más altas en el 2008, alcanzando valores de 27.6%, 11.7%, 9.1% y 7.9% respectivamente.

En cambio, los países sudamericanos que no implementaron esa medida tan drástica para sus economías tuvieron inflaciones más reducidas, Brasil alcanzó una inflación de 6.4%, Perú 6.7%, Paraguay 7.5% y Colombia 7.7%.

Estos resultados son lógicos, puesto que la prohibición a las exportaciones genera desincentivo a la producción y, por lo tanto, la oferta de bienes tiende a disminuir, lo cual hace que persista la escasez y se generen presiones inflacionarias.

Las prohibiciones para la exportación y en su caso las burocráticas licencias de exportación,   nos está haciendo perder competitividad especialmente con Brasil y Argentina, esto implicaría que el rezago tecnológico haría que la producción externa ingrese, como siempre, de contrabando y deprima la producción nacional y finalmente la elimine. Si no exportáramos, soya, torta y aceite, solo necesitaríamos una pequeña área sembrada para el consumo nacional y desaprovecharíamos las economías de escala.

Permanentemente las organizaciones empresariales alertan sobre los efectos negativos que origina esta implementación de la franja de precios, haciendo recuerdo de las malas experiencias que se tuvieron anteriormente en rubros como el azúcar, el maíz y otros cereales.

La libertad de exportación es necesaria para poder aprovechar las oportunidades de buenos precios en el mercado, llegar oportunamente a los puertos y barcos y por ende a los clientes. Además el comprador externo, sabiendo que no hay restricciones a las exportaciones, tiene  más seguridad de la oferta boliviana.

4.    Falta de titulación y limitación a la extensión de la propiedad rural

Para hacer competitiva la agricultura comercial se requiere de extensiones de tierras que hagan rentable la mecanización, los sistemas de riego y otras tecnologías; limitar la propiedad a un máximo 5.000 ha es una restricción especialmente para la producción comercial de granos.

Hay que considerar que la superficie de un predio no es utilizable en su totalidad, ya sea por las características mismas de lo suelos, la topografía, los drenajes, las servidumbres ecológicas y áreas de protección que se establecen en el Plan de Ordenamiento Predial y que pueden superar el cincuenta por ciento del área total de la propiedad, además hay que considerar las necesarias rotaciones anuales.

El INRA tiene como plazo hasta el presente año 2013 para concluir el saneamiento y la titulación, tarea que se le hace difícil de lograr, pues gran parte de la propiedad privada agrícola no ha sido titulada, lo que exige la necesaria ampliación del plazo establecido y un mayor apoyo presupuestario y sobre todo menos trabas, más celeridad y más eficiencia.

Al no entregarse los títulos de las propiedades agrícolas, se crea incertidumbre para el propietario y para los pocos bancos que aun otorgan crédito a los agricultores

5.    Avasallamiento de tierras

Existe una permanente invasión de la propiedad agraria, grupos de avasalladores toman las tierras y luego se dedican a chantajear y amenazar a los propietarios que la adquirieron de manera legal, paralizando la producción y causando saqueos, destrucción y deterioro de las instalaciones, mientras se diluciden las controversias.

Muchos productores afectados tienen miedo de hacer las denuncias correspondientes ante el INRA, que en algunos casos no hace la inspección o se declara incompetente para controlar los avasalladores y al final los productores optan, en muchos casos, por pagar el rescate, la extorsión y el ciclo se repite.

Es un problema preocupante las contradictorias señales políticas gubernamentales, que con discursos anti propiedad privada y anti latifundismo,  alientan la toma de las tierras y dan una señal de permisividad al avasallamiento, mientras en reuniones con las organizaciones agropecuarias ofrecen garantías y piden ampliar la producción. Todo esto genera incertidumbre y restringe las inversiones en el sector, lo cual puede generar mayor desabastecimiento de alimentos para la población boliviana.

El Gobierno ha prometido frenar estas actividades delictivas y existe el compromiso del Ministro de Gobierno de darle solución, pero no se ha mencionado ni el momento, ni la forma de operar.

Se señala insistentemente que no hay preocupación del Gobierno por frenar la toma, el avasallamiento y la de confiscación de tierras, pues se trataría de una estrategia geopolítica para la dominación del oriente, usando el traslado de campesinos andinos a esas tierras, a la manera de los “mitimaes” del imperio incaico.

A nivel legislativo existiría un proyecto de ley contra el avasallamiento a la propiedad privada y pública en todas sus formas, es decir, la ocupación ilegal de tierras, minas e inmuebles que está cundiendo por todo del país, causando serios perjuicios en los afectados y evidenciando una falta de garantías para los inversionistas nacionales y extranjeros; vale decir una patente falta de seguridad jurídica en el ámbito nacional.

COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE LA LEY DE LA MADRE TIERRA Y LA AGRICULTURA COMERCIAL Y EMPRESARIAL

La ley de la Madre Tierra, está pensada y elaborada, desde la perspectiva de una economía agrícola en un mundo utópico de pequeñas poblaciones y comunidades, las que en armonía con la naturaleza producen para su propio consumo, olvidándose que el problema, la dura realidad; es que vivimos en un planeta superpoblado y con la imperiosa necesidad de alimentar, en el caso de nuestro país una población cada vez más creciente de más de diez millones de personas, la mayoría viviendo en ciudades.

Tiene esta ley, una visión ambientalista, ecologista y pachamamica, entiendo bien intencionada de parte de los redactores de la ley, pero que no condice con la práctica cotidiana, ni del Gobierno nacional, ni de los movimientos sociales que le son adictos.

Líricamente plantea una postura ecologista y anti privatización  de los recursos de la naturaleza, que los ejecutores del proceso de cambio, los movimientos campesinos y sindicales (mercantilistas militantes), no practican. Recordemos solamente la invasión de parques y reservas naturales destruyendo la biodiversidad para sembrar coca no acullicable, o de minas generando contaminación de acuíferos y envenenado el entorno biológico.

Pero lamentablemente, en este mundo ideal del vivir bien y en armonía con la madre tierra, se utiliza frecuentemente la ley para colocar en ella algunos dardos envenenados, que buscan destruir la economía y la libertad de los que no son seguidores del Gobierno. Tal es el caso de la prohibición de los transgénicos, los que deben ser manejados con responsabilidad, pero no prohibidos por motivaciones políticas.

En la ley de la madre tierra, los aspectos medioambientales y de protección de la biodiversidad, así como el ordenamiento de suelos y manejo de bosques, es planteada adecuadamente; pero mientras no haya seguridad jurídica y un dueño efectivo y responsable para la gestión agrícola y forestal (que debe ser manejada con proyección de largo plazo para ser sostenible) de nada sirven las buenas intenciones.

La realidad, lo que vemos todos los días es, por un lado un cumulo de buenas intenciones ecologistas y por otro, una militante praxis extractivista de los recursos mineros, madereros y una acción depredadora sobre los bosques y tierras, especialmente para la siembra de coca no acullicable.

Se acrecienta la avanzada colonizadora hacia los llanos orientales con apoyo del Gobierno y desde allí se la ve como un Proyecto geopolítico, de dominación de las tierras del oriente boliviano.  Un plan de neo colonización, una toma y control de tierras como parte de una estrategia de poder y de dominación étnica, aymara-quechua. Consecuente con ella, se establecen “mitimaes” en San Julián, Yapacaní, Choré, Guarayos, Velasco, San Ignacio de Mojos, Pando, etc. etc.

A su vez grupos informales, itinerantes, casi anónimos de depredadores avasallan tierras y minas a lo largo del país, buscando desesperadamente ganarse el sustento, sin consciencia ambiental y ningún cuidado con el medio ambiente, del que no son ni se sienten responsables ni parte, causando inseguridad y zozobra.

 Conocemos desde siempre, que toda actividad productiva, todo agricultor o forestal, grande o pequeño,  para tomar sus decisiones y arriesgar su capital, tiempo y esfuerzo, evalúa las probabilidades de éxito de su emprendimiento, las que están relacionadas especialmente con el ambiente institucional prevaleciente, el comportamiento del mercado, la logística existente,  la libertad de comercio y los mecanismos de comercialización, los riesgos climáticos, y en función de ello decide realizar o no sus inversiones; su ampliación, su reducción o dedicarse a otros rubros, diversificando y minimizando el riego.

El incremento de la producción agropecuaria puede hacerse, ampliando la superficie agrícola, o mejor aún, mejorando la tecnología de siembra, cosecha y almacenamiento; en parcelas de tamaños suficiente para permitir el uso de tecnologías de producción extensiva, aplicando sistemas manejo de suelos, de riego y abono y el uso de semillas mejoradas, etc.

Para esto se requiere de un marco jurídico estable y políticas de Estado proactivas, que crean el ambiente  institucional adecuado para que la actividad productiva florezca, fructifique y se expanda, pues pueden existir leyes y normas adecuadas, pero si el entorno institucional y el mecanismo de administración de las normas son ineficientes y además discrecionales, no se dan las condiciones para la inversión; peor aún si el proyecto político y la visión ideológica prevaleciente en el país es contraria a la inversión y a los derechos de propiedad.

En general, las instituciones públicas y especialmente las que tienen que ver con el área agrícola y forestal son ineficientes, los funcionarios tienen bajos niveles salariales, lo que hace que los profesionales calificados opten por trabajos en empresas privadas nacionales y del exterior. Los que optan por la función pública carecen por lo general de vocación, experiencia y calificación técnica y para completar sus ingresos y buscando mejorar su nivel de vida, eventualmente acuden al cohecho y la extorsión.

Cuando no se tiene seguridad en la propiedad; la inversión se orienta hacia actividades de ganancia inmediata y en estas circunstancias no existe ningún estímulo para el manejo sostenible y la conservación de los recursos naturales. Si se tiene el riesgo de que mañana la inversión, los predios, serán expropiados, avasallados, no se realizaran mejoras ni inversiones de largo plazo, tampoco se cuidara el entorno y ante el riesgo inminente, se buscara altas ganancias y la recuperación inmediata de la inversión.

Ese viejo axioma: lo que es de todos es de nadie, y también la conocida insostenibilidad de los bienes comunes (llamada en la literatura económica la tragedia de los comunes),  nos debe alentar a darle a la tierra y los bosques un responsable de su manejo y que sea imputable y demandable por su uso inadecuado. 

El reto actual es pasar de la economía extractiva hacia la economía de recursos renovables, usando la ciencia y tecnología para producir más y mejor, evitando dañar y desequilibrar el ecosistema. Las exigencias ineludibles para el desarrollo del sector son y han sido: seguridad jurídica,  libertad de mercado, reglas de juego previsible y estable, instituciones eficientes y creíbles, y por supuesto, un negocio que produzca ganancias.

ovidioroca.wordpress.com