El Estado se creo con la finalidad de proteger al hombre de los otros hombres y al mismo tiempo promover el desarrollo económico y social. El hombre, sacrifica parte de su libertad en favor del Estado por la seguridad de no ser afectado en su derecho a la vida, la integridad, la libertad y la propiedad. Sin embargo, la existencia de este Estado no garantiza la defensa efectiva de los derechos de la persona y la comunidad. En efecto, muchas veces el hombre se encuentra protegido contra otros hombres, más no contra el propio Estado, el cual puede oprimirlo impunemente usando las facultades coercitivas que le ha otorgado la propia colectividad.
En Bolivia, la Constitución Política en su articulo 12 establece: El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. De esta manera la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene funciones específicas: dictar leyes, abrogarlas, modificarlas e interpretarlas. El Órgano Ejecutivo tiene como función ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes, el Órgano Judicial administrar las leyes y el Órgano Electoral organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales.
Un principio fundamental del sistema democrático es por tanto la división, independencia y coordinación de los poderes del Estado, y para prevenir que una rama del poder se convierta en autoritaria y subyugue a los demás se ha creado un sistema de pesos y contrapesos que son procedimientos que permiten que uno de los órganos limite al otro cuando se excede.
Todos los Órganos del Estado tienen todos la misma relevancia y solo se garantiza la democracia si todos ellos funcionan libre y efectivamente y sin salirse de sus específicas competencias. Por esto llama la atención la farsa y ausencia de sindéresis de la OEA que nunca cuestionó la destrucción de los Poderes Judicial, Legislativo y Electoral en los países castrochavistas y se alzan en santa indignación cuando se revoca el mandato de un Presidente del Ejecutivo en Honduras, quien trataba de perpetuarse en el poder, violando la constitución de su país y desacatando las decisiones de los otros poderes.
El inefable Insulso, manifestó enardecido “se ha producido una alteración del orden institucional que afecta gravemente al orden democrático de la República de Honduras”. Este triste burócrata comunista no se manifestó de igual manera cuando se destruyo el Tribunal Constitucional de Bolivia, se descabezo la Corte Suprema de Justicia, se planifico una masacre para detener ilegalmente y sin proceso a un Prefecto elegido por su pueblo y montar de paso un enclave del narcotráfico en la triple frontera, Brasil, Perú y Bolivia.
No se trata de justificar la incursión de los militares en la defenestración del Presidente de Honduras quien debió ser juzgado y suspendido de acuerdo a la norma constitucional, pero llama la atención repetimos el menosprecio que tiene la OEA de la preservación de los otros poderes del Estado que son la base real de la democracia. Su preocupación ha sido salvaguardar al Poder Ejecutivo lo que es correcto, pero no olvidarse culposamente como la ha hecho de proteger y defender legalmente el funcionamiento de los otros poderes del Estado, cuya destrucción se esta consumando a través del proyecto de poder dictatorial castrochavista que se cierne ominosamente sobre Latinoamérica.
Ya lo dijo Simon Bolívar “Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país de esclavos.”
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