Ovidio Roca
El proceso de cambio, que MAS que socialismo se trata de corporativismo y
fascismo, guía el camino y acciones del Gobierno. Un Gobierno en los
últimos doce años cambió el sistema democrático y centralizó todos los poderes del Estado bajo un solo comando y sus ll’unkus
se dedicaron a hacer leyes con trampas, las que para más yapa se cumplen o
incumplen según la cara del cliente. Con esto se liquidó la institucionalidad y
se cambió la mentalidad y actitud de la población, la que para sobrevivir en
este mundo del autoritarismo y anomia, adopto una cultura cínica y oportunista.
Como consecuencia de este tipo de cultura y
comportamiento en el país no existe ningún tipo de seguridad y de confianza lo
que repercute en la vida diaria donde enfrentamos situaciones caótica y llena
de incertidumbre, pues la gente que ya no cree en nada ni en nadie asume como
un hecho ineludible la anomia. De esta manera, cuando se enfrenta a un
problema, una necesidad, una aspiración; antes de razonar, analizar y plantear
argumentos y propuestas, procede inmediatamente con los paros y bloqueos,
pensando que presionando al Estado y perjudicando al ciudadano lograran que el
Jefe, el Jilakata, solucionara con una ley o un decreto todos sus problemas personales
y corporativos.
La práctica diaria enseña a la gente que la Justicia está
totalmente politizada y manipulada y que los opositores son culpables por el
solo hecho de serlo, mientras los fieles seguidores y amarra wuatos del
gobierno son unos angelitos intocables por los tribunales.
Para asegurar esto el
Gobierno simulador del cambio en la selección de los jueces y fiscales no se preocupa
de los méritos, la idoneidad profesional y los principios y valores éticos,
sino de su obsecuencia absoluta a los dictámenes del Jefe.
La política
gubernamental, aplicando eso que llaman socialismo comunitario, castiga la
inversión privada y sanciona la formalidad, de ahí que no es raro escuchar a la
gente usando la nueva lógica del proceso de cambio; por ejemplo los comerciantes
de ropa usada declaran ante la prensa: “Nosotros
no somos contrabandistas, pero nuestra mercadería que ingresa es de
contrabando. No es que estemos defendiendo el contrabando sino nuestra fuente
de trabajo”. Podríamos decir, no defendemos el narcotráfico, sino nuestra
fuente de trabajo.
Producto de la
ausencia de garantías a la inversión y la inseguridad jurídica la informalidad se
extendió cada vez más vía el comercio ilegal, el contrabando, los cultivos
ilegales de coca y el narcotráfico; lo que está dando paso a que los carteles internacionales
de la droga se asienten en el país.
A su vez y ante la ausencia de inversión empresarial, el empleo informal
en el país supera al setenta por ciento y sigue creciendo por la presión y
acoso gubernamental sobre las empresas productivas formales y sobre todo por la
absoluta falta de confianza.
Durante la década pasada, gracias a los buenos
ingresos producto de los altos precios del gas y los minerales y de un desenfrenado
endeudamiento, se vivió una aparente bonanza y todo ese dinero, como nunca
antes visto, se malgasto en corrupción, burocracia y en inversiones faraónicas
y fraudulentas, las que las futuras generaciones con poca plata y gran esfuerzo
tendrán que pagar.
Hasta ahora mucha gente se siente satisfecha,
pues como señala la sabiduría popular “con plata hasta la pobreza es llevadera”,
pero ahora toca el momento de pagar las deudas y trabajar arduamente para reconstruir
la destrucción institucional y económica dejada por los masistas.
Y ahora nos viene el trabajo de recuperar la
democracia, que como decía John Locke: “la delegación de la soberanía popular está condicionada: el pueblo no
acepta deshacerse de su soberanía más que a cambio de garantías que tienen que
ver con los derechos fundamentales y con las libertades individuales. El papel
de los representantes debe estar reducido al máximo; el mandato representativo pierde cualquier legitimidad desde el momento
en que sus fines y proyectos no corresponden a la voluntad general”.
Actualmente el sistema judicial no es independiente
ni creíble, su rol es el de un mecanismo de amedrentamiento y persecución
contra cualquier opositor o librepensante y en este mundo del autoritarismo es
cosa de todos los días ver como se levantan decenas de procesos contra los
opositores, los que son perseguidos por los tinterillos, huayralevas y
fiscales.
Ante
esta situación, algunos sectores políticos plantean acudir a la justicia internacional y por
ejemplo aplicar la Convención contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, más conocida como la Convención de Palermo, que es
un tratado multilateral patrocinado por Naciones Unidas en contra del crimen
organizado transnacional y que fue adoptado en el año 2000 y del que Bolivia es
signatario.
Al respecto se arguye que existe una amplia y variada documentación
sobre el tema del narcotráfico, lavado de dinero y violación de derechos
humanos y estos delitos colocarían al Gobierno del Presidente Morales y los miembros
de su gobierno bajo denuncias ante la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, por lo que estarían sujetos a
detención por parte de la Interpol. La aplicación de la medida implicaría
despojar de la inmunidad diplomática a figuras del gobierno y su enjuiciamiento
cuando pisen tierras extranjeras.
Ante la declinación del populismo, el reciente compromiso de Lima ya postula:
“Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”.
“Amanecerá y veremos”
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