Gobernar en los tiempos de cólera

En las recientes elecciones para Gobernadores y Alcaldes, los líderes autonomistas que recibieron la adhesión de gran parte de los conciudadanos fueron elegidos en nombre de la libertad, contra el totalitarismo y para ejecutar el programa autonómico que el pueblo confía mejorara sus condiciones de vida. Esta adhesión seguramente durara en la medida que las expectativas puestas en el Proyecto Autonomista sean cumplidas.
Ha concluido la fase electoral y también debieran terminar los discursos y proclamas; ahora el reto es gobernar y habrá que hacerlo en un ambiente de alta incertidumbre, conflictividad y en oposición a un gobierno que esta implementando su proyecto totalitario, que pretende concentrar todos los poderes y establecer un sistema económico, estatista y comunitarista, donde los valores democráticos, la propiedad privada y libertad política desaparecen.
En los países democráticos es natural por su pluralidad ideológica, que las autoridades electas sean de diferentes partidos políticos y cada una de éstas ejerza su autoridad en el ámbito de sus competencias, coordinando entre todos para lograr el desarrollo nacional. Este no es el caso de Bolivia, donde el Presidente “no sabe porqué no tiene ganas de trabajar con la oposición”; pese a esto y en cumplimiento de la ley, los Gobernadores y Alcaldes deben coordinar, promover y ejecutar programas y proyectos concurrentes de desarrollo para el bienestar del país, en ejercicio de sus competencias y acatando las regulaciones que se establecen enla Constitución. Estopor supuesto mientras el gobierno mantenga su fachada democrática y las ganas del Presidente lo permitan.
Es necesario recordar y recordarles, que tanto el Presidente dela Republica, como los Gobernadores y Alcaldes, son servidores públicos y no propietarios de las instituciones, ni del erario publico. Todos son autoridades elegidas por el pueblo y el mismo pueblo les puede revocar su mandato si no cumplen sus tarea constitucional y logran el bienestar del ciudadano.
El reto de los bolivianos es ahora construir una Nación, libre, moderna y productiva, basada en la ley y el respeto a los demás. Construida desde cada uno de los Departamentos autonómicos, buscando la unidad en la diversidad, desde las provincias y municipios, desde sus particulares visiones y su rica diversidad cultural y natural, usando las grandes potencialidades y proyectos que cada Departamento cuenta. Se trata de construir una propuesta nacional, un pacto nacional de desarrollo productivo y competitivo, con equidad y con inclusión, que permita mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los bolivianos.
Mientras el proyecto totalitario masista fracasa por su inviabilidad económica y por el cambio del contexto internacional que en un momento lo favoreció; el reto de las autoridades regionales es doble: por un lado gestionar el conflicto ideológico y político y al mismo tiempo ejecutar en el marco autonómico, el programa de desarrollo que demanda la población para su progreso.
La Gobernacióny las Alcaldías son el instrumento para generar una visión, un plan de progreso y un ambiente de seguridad, en el cual la ciudadanía pueda desarrollar con confianza su capacidad productiva y disponer de la infraestructura y servicios para satisfacer sus necesidades de seguridad y bienestar personal.
Empero estas entidades tienen serias deficiencias organizacionales que necesitan ser mejoradas urgentemente y durante la marcha. De inicio y en su rediseño básico, se necesita conformar al menos dos estructuras organizativas, dotadas de los profesionales y técnicos con formación y capacidades adecuadas al área de su actividad:
Un equipo tecno-político, para apoyar al Gobernador a diseñar estrategias que permitan lidiar con el conflicto político y social y por tanto construir un espacio de trabajo que permita una gestión de desarrollo exitosa.
El segundo equipo a cargo de un Gerente Ejecutivo y personal idóneo para ejecutar el programa de desarrollo que requiere la población.
Avanzando en el programa, si pensamos en gobernabilidad y estabilidad democrática y sostenible, la cultura ciudadana es la base fundamental, y para conformarla se requiere de un programa de educación para que los ciudadanos conozcan y asuman sus derechos y obligaciones. Estamos acostumbrados a una sociedad dividida entre los que gobiernan y los que demandan soluciones, y una sociedad así no es responsable ni democrática y más bien proclive a ser manejada por caudillos y caciques. De ahí la necesidad de impulsar y comprometer a la sociedad, sus instituciones y personas, en un programa de formación y educación que debería contener al menos los siguientes aspectos.
i. Promover la educación moral y cívica, que antes era una materia importante en las escuelas, e incentivar una cultura de solidaridad humana en todos los ámbitos de la sociedad.
ii. Internalizar el concepto de derechos y deberes sociales, como algo consubstancial e indivisible.
iii. Educar al ciudadano para que sepa elegir a los líderes políticos y seleccionar a los servidores públicos, entre aquellos que en su vida publica y familiar son ejemplo de principios éticos y cívicos y tengan la idoneidad profesional para ocupar la posición o cargo al que aspiran.
Finalmente, el actual gobierno masista y la crisis a que nos conduce, es superable solo por la vía de la unidad, la resistencia democrática y en base a propuestas. Las acciones heroicas y desesperadas no son las más convenientes, sí lo son las iniciativas al alcance del ciudadano, la resistencia democrática, las muestras de solidaridad y la contribución para crear un clima de confianza y de verdadero cambio.